Jannie Merino Alegría, José Jorge Rodríguez Figueroa, Carlos Alberto Flores Minchón, Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola, Ricardo Raúl Pacheco Vargas
DOI: 10.59427/rcli/2024/v24cs.1809-1815
En el debate de explicar cómo la meritocracia profesionaliza al personal de la administración pública para lograr transparencia y calidad en la atención a los ciudadanos, es decir, garantiza la equidad de apertura a los servicios estatales para mejorar la calidad de los estas asistencias ofrecidas a los ciudadanos y promover así el incremento personal y laboral de los asalariados de la administración gubernamental. Nos centramos en su importancia y entender por qué la meritocracia debe tener un impacto acentuado en el desarrollo de los cargos estatales. Teniendo en cuenta que las administraciones públicas más eficaces del mundo emplean la meritocracia, y ponen énfasis en el equilibrio en los méritos profesionales, animándolos a mejorar continuamente; más aún cuando nos referimos a la selección y ratificación de jueces, juezas y fiscales en el país, en esta instancia donde debe tenerse en cuenta sus calificaciones, experiencia, capacitaciones y méritos, más que factores ajenos a su currículum, como contactos o influencia. Por su parte los ciudadanos creen que los criterios de confianza, habilidad, amistad, compadrazgo son los factores principales que se consideran a la hora de nombrar y ratificar a magistrados y el mérito no cuenta como un factor decisivo. De esta manera, los administrados judiciales y fiscales rara vez se refieren a quienes ocupan los cargos más importantes dentro del sistema de justicia con el adverbio “profesional”. En este marco se debe considerar a la meritocracia como la garantía de la continuidad de la gestión pública buscando fortalecer el sistema de administración de justicia, donde los jueces, juezas y fiscales idóneos ejercerán función jurisdiccional y fiscal, bajo la exigencia del mérito “Profesionalización”. Siendo empleada en este contexto de políticas gubernamentales para mejorar la administración pública en el sector justicia y por ende disminuir la corrupción.
Pág 1809-1815, 08 Abr
