Carmen Rosa Rodríguez Caro orcid 0000-0002-7426-4215
Camacho Arguedas Cedric Ismael orcid 0009-0005-1826-7138
Salazar Laguna Josseline Maricruz Susana orcid 0000-0002-4577-6051
Jenny Carmen Cardenas Vivanco orcid 0000-0002-9106-2068
Betty Leon Moscoso orcid 0000-0003-3229-4253
Ricardo Rodríguez Jara C.A.L No 12553.
DOI: 10.59427/rcli/2023/v23cs.4188-4200
Este artículo es una revisión sistemática que compila, analiza e interpreta los datos disponibles sobre el delito de Trata de personas en el Perú y el mundo, dentro de un aspecto de como las mafias organizadas actúan para cometer este execrable delito que destruye la soberanía y auto determinación de la persona humana así como su proyecto de vida, donde además se le cosifica, se le somete y se esclaviza a la persona, se la deja en un estado de indefensión denigrándola a tal punto, que se le arrebata su dignidad, convirtiéndola en un objeto, cosa o animal a merced de estas bandas criminales. Este articulo da un abordaje en un enfoque preventivo para evitar el delito de trata de personas, y/o tráfico humano, brinda nuevas luces que permita a los gobiernos centrales fortalecer políticas públicas, en defensa y protección de la seguridad ciudadana desde toda óptica, con mano dura en la persecución del delito y enfrentarlo con adecuadas políticas públicas de gobierno más adecuadas hasta lograr su total erradicación. Enfoca la manera que los gobiernos nacionales de cada país, pueden actuar no solo en la persecución y sanción penal contra los autores de este delito, sino sobre todo la importancia que tiene la presente investigación por el carácter preventivo que debe ser la prioridad de todo gobierno. Por todo lo expuesto, se recomienda a todo gobierno central promover desde los niveles educativos la enseñanza sobre la prevención de este delito, para que la población este advertida del modus operandi y de las nuevas modalidades y patrones en que operan estas organizaciones criminales, por lo tanto, resulta trascendente y vital el exponerlos, evitando así nuevas víctimas. Es imperante fortalecer las acciones en protección de la ciudadanía, en especial de los grupos vulnerables, lo que es el deber medular, natural y de oficio de todo gobierno con sus ciudadanos a fin que no sean las nuevas víctimas de actos delincuenciales. La educación, la enseñanza y orientación contra este delito se debe fortalecer desde los niveles educativos en la primera infancia, colegios niveles primaria y secundaria e incluso a nivel de institutos, universidades etc. Con el objetivo de trabajar cohesionadamente “gobierno y ciudadana”, para ser el derrotero de estas organizaciones criminales, que están operando y que vienen asolapándose e insertándose en algunos casos dentro de la misma sociedad. Los gobiernos nacionales tienen que ser empáticos y procurar el bienestar de sus ciudadanos, pero por sobre todo a nivel preventivo visto desde todas las aristas posibles, educando a la población a través de una amplia difusión en los medios de comunicación y redes sociales, así como promoción de permanentes charlas dadas por expertos, las mismas que sean entendibles en todos los niveles culturales y sectores de la población, es una de las principales maneras de contribuir a la prevención, asimismo de incentivar en la población en general al fortalecimiento de valores como la solidaridad y ayuda entre todos, y que si ven algún tipo de situación que presuntamente pueda tratarse de un abuso y/o de un presunto delito de trata de personas, no sean indiferentes, sino actúen en el sentido de formular sin temor la denuncia inmediato a las autoridades pertinentes. Por otro lado, se exhorta y motiva a las autoridades a tomar con la debida diligencia y rapidez todo tipo de denuncias que involucren estos delitos, dándole la persecución como corresponde con la adopción de todas las medidas que su campo de acción y jurisdicción permita. Se considera que el fortalecimiento de todas las instituciones del Estado, como el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Gobiernos Locales, y demás instituciones continúen en afianzar y reafirmar su trabajo articulado y cohesionado para mejorar las políticas públicas de prevención del delito de trata de personas.
Pág 4188-4200, 31 Dec
